El diputado Jesús Elizondo Salazar presentó una propuesta que busca combatir la corrupción institucional, al proteger a trabajadores estatales y municipales que denuncien actos de corrupción.
El diputado local presentó una propuesta de reforma a la Ley de Servicio Civil del Estado de Nuevo León para otorgar protección institucional a los trabajadores Estatales o Municipales que hagan una denuncia por actos de corrupción.
La reforma contempla la adición de un artículo 15 Bis, en donde se busca garantizar la confidencialidad, mecanismos de denuncia seguros y la prohibición de cualquier tipo de represalia.
De acuerdo con el informe “Occupation Fraud 2024: Report to the Nations” de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), aproximadamente el 43 % de los fraudes ocupacionales en el mundo se detectan mediante denuncias o reportes internos, lo que convierte a los denunciantes en uno de los mecanismos más efectivos para combatir la corrupción institucional.
Sin embargo, uno de los principales obstáculos para la denuncia de irregularidades dentro del sector público es el temor a represalias laborales, administrativas o personales. El extinto INAI señaló años atrás, que muchos servidores públicos optan por no denunciar actos de corrupción debido al riesgo de sufrir despidos, hostigamiento laboral o afectaciones en su carrera administrativa.
En Nuevo León, la Ley del Servicio Civil del Estado, no contempla un marco normativo que proteja a los servidores públicos que denuncien actos de corrupción o irregularidades administrativas.
Por ello, con esta iniciativa se busca robustecer la legislación actual, fortalecer la integridad institucional en el servicio público estatal, promover una cultura de legalidad dentro de la administración pública y armonizar la legislación estatal con los compromisos internacionales.
“Si queremos combatir la corrupción de manera efectiva, debemos empezar por proteger a quienes se atreven a denunciarla”, concluyó el legislador.
